Las 20 propuestas

Estamos en el medio de la provincia. Es hora de que eso valga algo. Hoy la fruta y la verdura que come Olavarría viaja desde el Mercado Central, en La Matanza, a más de 300 kilómetros. Cada cajón paga ese flete dos veces: el productor de la zona manda su producción para allá y el verdulero la trae de vuelta. Esa doble vuelta la paga el vecino en el kilo de tomate. No es una idea de laboratorio: el Ministerio de Desarrollo Agrario financia la construcción de Mercados Concentradores Regionales, y ya funcionan los de Coronel Suárez y Pehuajó, partidos más chicos y peor ubicados.

1. Presentar el proyecto a la Provincia en los primeros 90 días, con el expediente completo: terreno, estudio de demanda de la microrregión (Olavarría, Azul, Tapalqué, Bolívar, Laprida, Benito Juárez, Daireaux) y compromiso municipal de infraestructura.
2. Emplazamiento junto al Polo de Los Fresnos, para que el mercado y la agroindustria compartan frío, logística y transporte. Las dos propuestas se potencian.
3. Puestos para productores locales primero: cupo reservado para quintas y productores del partido y de la región, con condiciones preferenciales para los chicos.
4. Feria minorista los fines de semana dentro del predio: el vecino compra al precio de origen y el mercado genera movimiento comercial propio.
5. Playa de descarga y servicios de frío compartidos con el sector industrial, para que un productor chico no necesite cámara propia.

Cómo se mide: expediente presentado en Provincia (sí/no, con fecha). Toneladas operadas por mes. Puestos ocupados por productores del partido. Precio de una canasta frutihortícola comparado con el promedio regional.
Nota de honestidad: un mercado concentrador regional genera empleo directo del orden de las decenas e indirecto de las centenas. No es un Mercado Central y no hay que prometerlo como tal.

El Municipio no le cobra impuestos al que sostiene el trabajo. En los primeros cuatro meses de 2025 Olavarría perdió 1.300 puestos de trabajo. Las canteras operan al 30%. El horno principal de L’Amalí está apagado. Cerraron más de 25 comercios en un trimestre. Y el Municipio, en el mismo período, aumentó las tasas un 16,5% por decreto.

1. Emergencia laboral por 24 meses y Mesa del Trabajo de Olavarría —Municipio, industrias, AOMA, UOCRA, FOCRA, Centro de Comercio e Industria y PyMEs— reunida todas las semanas, con acta pública.
2. Tasa cero por sostener el empleo: exención total de Seguridad e Higiene y tasas municipales por 24 meses a toda empresa que no reduzca su plantilla. Bonificación adicional acumulable por cada puesto nuevo registrado con trabajador del partido.
3. Unidad de Gestión Industrial: una oficina con un responsable con nombre y apellido que acompañe a cada empresa en riesgo ante Provincia y Nación —procedimiento preventivo de crisis, programas de sostenimiento del empleo, reconversión— en vez de enterarse de los despidos por el diario.
4. Compre Olavarría: porcentaje mínimo obligatorio de proveedores y mano de obra local en cada pliego de compra y de obra municipal.
5. Reconversión con destino: al trabajador que quedó afuera de la cantera se lo forma para los puestos que crean las propuestas 1, 2, 5 y 6. La formación y la obra nueva se planifican juntas, no por separado.

Cómo se mide: puestos registrados en el partido, publicados cada trimestre. Altas y bajas comerciales. Empresas acogidas al régimen y plantilla efectivamente sostenida.
Con qué se paga: con lo que se ahorra en la propuesta 8 y con lo que se recupera de la mora. Una empresa que cierra deja de pagar la tasa igual: la exención condicionada no resigna recaudación, la protege.

El que quiere invertir en Olavarría no tiene que rogarle a nadie. Habilitar un local, ampliar un galpón o radicar una planta puede llevar meses de mostrador. En una ciudad que perdió industria, cada trámite trabado es un puesto de trabajo que se instala en otro partido. Y no cuesta nada arreglarlo: es procedimiento, no presupuesto.

1. Habilitación 100% online, con expediente digital, estado consultable y un responsable asignado y visible para cada trámite.
2. Tres niveles de riesgo, tres velocidades. Riesgo bajo: habilitación automática al presentar la declaración jurada, con fiscalización posterior. Riesgo medio: 30 días con silencio positivo. Riesgo alto —industria, alimentos, químicos, impacto ambiental, seguridad edilicia—: procedimiento completo, sin atajos.
3. Plazo máximo publicado para cada trámite y contador público de cumplimiento: cuántos se resolvieron en plazo y cuántos no.
4. Acompañamiento, no persecución: el inspector que detecta una falta formal subsanable da un plazo para corregir antes de multar. La multa es para el que no corrige, no para el que no sabía.
5. Una sola ventanilla: el inversor entra por una puerta y el Municipio se encarga internamente de circular el expediente entre áreas. Nunca más el vecino haciendo de cadete del Estado.

Cómo se mide: días promedio de habilitación por nivel de riesgo. Porcentaje de trámites resueltos en plazo. Habilitaciones otorgadas por año.
La letra chica que hay que decir en voz alta: simplificar no es desregular la seguridad. Un frigorífico, una planta química o un edificio no pueden funcionar con los papeles a medias. El compromiso es que el Estado no demore, no que no controle.

Una ciudad monoproductiva es una ciudad rehén. Cuando cae la construcción, cae Olavarría entera. Y mientras tanto el partido entierra todos los días material que tiene valor, y les paga a otros por tratar lo que podría tratar acá.

1. Planta de tratamiento y recuperación que reciba residuos de Olavarría y de las localidades vecinas mediante convenio, convirtiendo un costo en una industria y a Olavarría en cabecera regional del servicio.
2. Cooperativas de recuperadores formalizadas y capacitadas, con condiciones de trabajo dignas y registradas. El que hoy trabaja en el basural pasa a tener un puesto con nombre.
3. Financiamiento vía programas provinciales y nacionales de economía circular, más inversión privada por el valor del material recuperado. Es una de las líneas mejor financiadas que existen y Olavarría no la usa.
4. Separación en origen en serio: cronograma por barrio, contenedores diferenciados y campaña sostenida. Sin separación no hay planta que funcione.
5. Convenios con la industria local para que el material recuperado —plástico, papel, escombro, chatarra— vuelva a entrar en cadenas productivas del partido.

Cómo se mide: toneladas recuperadas por mes. Puestos formales creados en la planta. Localidades con convenio firmado. Porcentaje de residuo desviado del enterramiento.
Con qué se paga: programas de economía circular de Provincia y Nación, más inversión privada. El Municipio aporta el predio y la ordenanza. No es gasto: es un servicio que hoy se paga y pasa a generar ingreso.

Es una industria legal, regulada y en expansión. Y Olavarría tiene exactamente lo que necesita. El partido necesita industrias que no dependan del ciclo de la construcción. El cannabis medicinal y el cáñamo industrial son de las pocas actividades nuevas con marco legal vigente, demanda internacional y necesidad de lo que acá sobra: tierra, energía, agua, seguridad perimetral y ubicación logística.

1. Presentación formal del partido como plaza de radicación, con predio identificado en Los Fresnos, tasa cero a cinco años y pliego de condiciones publicado.
2. Acompañamiento en el trámite ante ARICCAME, la agencia nacional que otorga las licencias. El rol del Municipio es hacer la radicación posible y previsible, no gestionar la licencia: eso es competencia nacional y hay que decirlo con todas las letras.
3. Cáñamo industrial como pata agrícola: fibra para construcción, textil y bioplásticos, con productores del partido como proveedores.
4. Convenio con la UNICEN para investigación aplicada y formación técnica, que es lo que termina de convencer a un inversor de este rubro.
5. Protocolo de seguridad y control acordado con la policía y con la Provincia antes de la primera radicación, publicado. Es la objeción que va a aparecer y hay que tenerla resuelta de entrada.

Cómo se mide: licencias e inversiones radicadas. Hectáreas bajo cultivo registrado. Puestos formales creados. Convenios de investigación firmados.
Cómo se comunica: por lo que genera —trabajo registrado, inversión y actividad—, con el marco legal explicitado siempre. Toda inversión se anuncia solo cuando hay documento. Un anuncio que no se concreta vale menos que cero.

El turismo es la industria que más rápido se monta, porque la infraestructura ya está y está subocupada. Olavarría tiene el paisaje serrano, las canteras, los campos y la distancia justa desde el AMBA. Y no tiene un producto turístico armado: tiene folletos.

1. Circuito serrano y minero como producto real: recorridos señalizados, guías habilitados, horarios fijos y venta online. Las canteras son un atractivo industrial único en la provincia.
2. Cotos de caza y pesca deportiva regulados, bajo la normativa provincial de fauna, con temporadas, cupos y guías registrados. Mueve alojamiento, gastronomía, guías y campos, y deja la plata en el partido.
3. Calendario fijo de eventos deportivos y culturales de escala regional, publicado con un año de anticipación para que hotelería y gastronomía puedan planificar y vender paquetes.
4. Turismo rural y agroindustrial: visitas a establecimientos, queserías y —cuando exista— al frigorífico, encadenado con la propuesta 1.
5. Una sola marca y un solo canal de venta del destino, con reserva en línea y medición de pernoctaciones, en vez de cada evento resolviéndose por su cuenta.

Cómo se mide: plazas hoteleras ocupadas y pernoctaciones por temporada. Establecimientos habilitados como coto. Eventos del calendario efectivamente realizados. Facturación de gastronomía en fines de semana con evento.
Con qué se paga: casi todo es organización y promoción. La inversión municipal es señalización, habilitación y un canal de venta: es la propuesta de mejor relación entre lo que cuesta y lo que mueve.

No puede ser que el que sabe hace veinte años tenga de jefe al que llegó hace un mes por ser militante. En el Municipio hay empleados de carrera que conocen su área mejor que nadie: el que está en Catastro hace dos décadas, la que lleva Bromatología, el que maneja Obras. Y arriba de ellos, cada cuatro años, aterriza una capa de cargos designados a dedo que no conocen el área, cobran mucho más, se van cuando cambia el intendente y mientras tanto frenan todo lo que no entienden.

1. Eliminación de la estructura política designada: secretarías, subsecretarías, direcciones y coordinaciones se reducen al mínimo indispensable de conducción política, y todo el resto de la pirámide pasa a ser ocupado por personal de carrera.
2. Concurso interno de antecedentes y oposición para cubrir todas las jefaturas y direcciones técnicas. Se asciende por mérito, capacidad y antigüedad acreditada, con jurado y resultados publicados.
3. La plata del ajuste va al sueldo del municipal. Lo que se ahorra se destina a recomponer el salario del empleado de carrera y a un adicional por función jerárquica concursada. No es un ajuste: es una redistribución de arriba hacia abajo dentro del propio Municipio.
4. Ni un despido de trabajador de planta. Se elimina el cargo político, no el puesto de trabajo.
5. Carrera municipal con capacitación obligatoria y paga, y evaluación de desempeño con criterios públicos, iguales para todos.
6. Publicación mensual del organigrama completo con nombre, función, forma de designación y remuneración de cada cargo de conducción.

Cómo se mide: cantidad de cargos políticos designados (meta: tender a cero fuera del gabinete mínimo). Gasto en planta política sobre gasto total. Jefaturas cubiertas por concurso. Variación del salario promedio del empleado de carrera.
Por qué esta es la más importante de las veinte: porque es la única que se puede empezar el primer día, no cuesta un peso, financia a varias de las otras y le habla a mil y pico de familias municipales.

Se le aprieta al que paga y se le perdona de hecho al que no. Las tasas subieron 16,5% por decreto, sin debate, el mismo año en que cerraron más de 25 comercios en un trimestre. Y el Municipio tiene $13.500 millones sin cobrar, el 10% de su presupuesto. Es el peor de los dos mundos: recauda poco y enoja mucho.

1. Ningún aumento de tasas por decreto. Toda actualización pasa por ordenanza con audiencia pública previa. Es la renuncia voluntaria a una facultad, y se firma el primer día.
2. Congelamiento de la Tasa de Servicios Generales por 12 meses para comercios, PyMEs y jubilados del partido.
3. Tasa por servicio efectivamente prestado: si la cuadra no tiene recolección, barrido o alumbrado funcionando, no se cobra la tasa correspondiente. Reclamo simple, resolución en 30 días y el descuento en la boleta siguiente.
4. Plan de regularización por única vez para recuperar parte de la mora, con condiciones claras y fecha de cierre, y reconocimiento en la boleta al que siempre pagó.
5. Boleta que se entiende: cada tasa con el detalle de qué servicio cubre y con qué frecuencia se presta en esa cuadra.
6. Cobranza judicial de los grandes deudores antes que cualquier aumento general. Primero se cobra lo que se debe, después se discute subir.

Cómo se mide: variación real de la tasa contra inflación. Cobrabilidad. Monto recuperado de la mora. Reclamos por servicio no prestado resueltos dentro de los 30 días.
El punto incómodo: cobrar la mora es impopular con los que deben y es lo correcto con los que pagan. La condición para exigirlo es la del punto anterior: primero el servicio, después la tasa.

La información que es pública por ley termina siendo un favor. Hoy, para saber a quién le compra el Municipio, cuánto le paga a cada medio en publicidad oficial o cuánto cobra un funcionario, hay que pedirlo, esperar y muchas veces no recibir respuesta.

1. Portal de transparencia automático: licitaciones y ofertas, contratos, pagos a proveedores, publicidad oficial medio por medio y sueldos de todos los cargos de conducción. Publicado sin que nadie lo pida y en formato descargable.
2. Prohibición absoluta de que un funcionario, su cónyuge o familiares directos contraten con el Municipio, en forma directa o a través de sociedades.
3. Declaración jurada patrimonial pública al asumir y al irse, empezando por el intendente.
4. Auditoría externa independiente en los primeros 90 días, con informe publicado íntegro, diga lo que diga. Es el punto de partida contra el que se va a medir todo lo demás.
5. Rendición de cuentas en vivo cada tres meses, con preguntas abiertas y sin filtrar.
6. Plazo de respuesta obligatorio a los pedidos de acceso a la información, con contador público de cumplimiento.
7. Publicación de todo contrato con privados el mismo día de la firma, incluidos los de las propuestas 17 a 20. Esa es la contracara de pedirle al sector privado que financie obra pública.

Cómo se mide: porcentaje de contratos publicados dentro de las 72 horas. Días de respuesta a pedidos de información. Rendiciones realizadas, sin excepción. Auditoría publicada, sí o no.
Por qué va junto con el bloque D: cuatro propuestas de este plan se financian con privados. La única forma de que eso no se lea como un negocio es que el contrato esté publicado antes de que alguien pregunte.

La primera barrera que expulsa jóvenes de Olavarría no es el precio del alquiler: es la garantía. Un chico con trabajo registrado y recibo de sueldo no consigue alquilar porque no tiene un propietario que le firme. El que tiene familia con inmuebles alquila; el que no, se va o vuelve a la casa de los padres.

1. Fondo de Garantía municipal constituido por ordenanza, con patrimonio separado y reglas de uso publicadas.
2. Articulación con una aseguradora y con el Banco Nación como socio financiero, para que un joven o una familia con ingresos demostrables acceda a una caución que reemplace al garante propietario.
3. El inquilino paga una prima baja, el propietario cobra la misma seguridad que con un garante y el fondo se recupera con las primas. No es un subsidio permanente: es capital de arranque que se recicla.
4. Registro público de alquileres con contratos tipo y asesoramiento gratuito, para ordenar un mercado que hoy funciona de palabra y donde el que pierde siempre es el inquilino.
5. Prioridad para menores de 35 años del partido y para familias monoparentales, con una sola caución vigente por grupo familiar.

Cómo se mide: cauciones otorgadas y siniestralidad del fondo. Contratos registrados. Saldo migratorio del grupo de 20 a 35 años.
Con qué se paga: capital inicial del Municipio —una fracción de lo que se ahorra en la propuesta 8— más el aporte del socio financiero. El fondo se sostiene con las primas: el costo fiscal real es el del primer año.

El acceso a la primera vivienda sin financiamiento largo es imposible. Y al mismo tiempo hay familias que hace décadas viven en un terreno sin escritura, y tierra fiscal del partido cuyo destino nadie conoce con precisión.

1. Banco de tierra municipal: relevamiento y publicación de todas las tierras fiscales del partido, con su estado y su destino. Lo que sirva para vivienda se urbaniza por mecanismos públicos.
2. Adjudicación por sorteo o puntaje publicado, nunca por lista. El expediente completo de cada adjudicación queda en línea.
3. Lotes con servicios y financiamiento largo, articulando programas provinciales y nacionales de vivienda y crédito hipotecario, con cupo prioritario para jóvenes del partido y una sola unidad por familia.
4. Regularización dominial: plan para que las familias que hace décadas viven en un terreno sin escritura tengan por fin el papel de su casa, con patrocinio jurídico gratuito.
5. Urbanización con servicios antes que con promesas: ningún lote se entrega sin agua, luz y calle. Entregar tierra sin servicios es fabricar un problema a cinco años.

Compromiso de integridad — se firma el primer día. El intendente y todo funcionario con vínculo, directo o indirecto, con cualquier desarrollo inmobiliario en el partido se excusa por escrito de toda decisión sobre urbanizaciones, convenios de vivienda y adjudicaciones de tierra, que pasan a resolverse por un comité técnico con publicación del expediente completo. Esta propuesta solo es creíble si quien la propone se saca a sí mismo de la mesa. Va firmado y publicado antes de asumir, no después.

Cómo se mide: hectáreas fiscales relevadas y publicadas. Lotes con servicios entregados. Escrituras regularizadas. Tiempo promedio entre adjudicación y entrega.

Olavarría perdió la costumbre de competir. No hay un calendario que le dé a un pibe de escuela algo grande a lo que aspirar dentro de su propia ciudad, ni un camino que conecte su talento —deportivo o académico— con una beca, una carrera o un trabajo.

1. Olimpíadas Estudiantiles de Olavarría, deportivas y académicas, con producción de primer nivel: ceremonia de apertura, transmisión en vivo, premiación seria, todas las escuelas del partido y de las localidades. Deportes, pero también matemática, programación, robótica, oratoria, letras y proyectos de ciencia. Una vez al año, con fecha fija.
2. Oficina de becas y financiamiento internacional: un equipo municipal dedicado a buscar y gestionar financiamiento de organismos internacionales, fundaciones, universidades y programas de cooperación. Es dinero que existe y que se otorga a quien lo va a buscar con un proyecto serio; Olavarría nunca lo pidió.
3. Los ganadores de las Olimpíadas entran al programa de becas: la competencia no termina en una medalla, termina en una puerta.
4. Clubes de barrio con apoyo previsible y polideportivos abiertos, iluminados y mantenidos. El club de barrio es la política social más barata y más efectiva que existe.
5. Convenio con la UNICEN para que los proyectos de ciencia premiados tengan continuidad académica en el partido.

Cómo se mide: escuelas y estudiantes participantes. Becas gestionadas y otorgadas. Chicos que continuaron estudios gracias al programa. Clubes con apoyo efectivamente recibido.
Con qué se paga: las Olimpíadas se financian con auspicio privado y programas educativos provinciales. La oficina de becas no gasta: consigue. Se paga sola con la primera beca gestionada.

No se forma para el desempleo: se forma para un puesto que ya existe. El trabajador que quedó afuera de la cantera no tiene a dónde reconvertirse, y el joven que termina la secundaria no tiene cómo entrar al mercado formal. Al mismo tiempo, la industria del partido no consigue soldadores, operadores de maquinaria ni gente formada en frío y manipulación de alimentos.

1. Escuela Municipal de Oficios Industriales y Agroalimentarios, con los cursos que la industria del partido realmente necesita: soldadura, electricidad industrial, mantenimiento, operación de maquinaria, frío, manipulación de alimentos y faena.
2. Cupos acordados por escrito con las empresas antes de abrir la inscripción. El alumno sabe desde el primer día para qué puesto se está formando y quién lo va a tomar.
3. La formación y la obra nueva se planifican juntas: las camadas se arman en función de los puestos que crean las propuestas 1, 2, 5 y 6, no al revés.
4. Primer Empleo: el Municipio cubre el 50% del salario del primer año de cualquier joven de hasta 26 años contratado en blanco por una PyME o comercio local, con la condición de que si no lo efectiviza, la empresa no vuelve a usar el programa.
5. Reconversión para el trabajador desplazado de la cantera y de la construcción, con prioridad de cupo y acompañamiento durante la búsqueda.
6. Seguimiento a seis meses publicado: cuántos egresados consiguieron empleo y en qué. Un curso que no coloca gente se cierra o se rediseña.

Cómo se mide: egresados con empleo a los seis meses. Cupos comprometidos por empresas y efectivamente cubiertos. Jóvenes incorporados por Primer Empleo y porcentaje efectivizado.
Con qué se paga: programas nacionales y provinciales de formación laboral y empleo joven, más aporte de las empresas que reciben a los egresados. Primer Empleo se financia con lo que se ahorra en la propuesta 8.

Lo primero, la verdad: el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” no es un hospital destruido. Atendió más de 800.000 consultas en 2025, hizo más de 5.000 cirugías y tiene más de 300 profesionales en 52 especialidades. Todo eso es cierto y hay que decirlo.

El problema es otro: se invierte fuerte en ladrillo y en aparatos, y se pierden profesionales al mismo tiempo. Olavarría paga la guardia peor paga de la zona —Tandil, Azul, Bolívar y Benito Juárez pagan más— y así formamos residentes acá que terminan ejerciendo en el distrito vecino. Estamos subsidiando la salud de los partidos de al lado.

1. Ente Descentralizado Hospitalario. El hospital deja de ser una repartición más del Municipio: personería y patrimonio propio, directorio con representación del cuerpo médico y de la minoría del Concejo, y director ejecutivo por concurso público con mandato y rendición semestral.
2. Paridad regional de guardia por ordenanza. El valor de la hora se fija en la mediana de Tandil, Azul, Bolívar y Benito Juárez, con actualización automática semestral y publicación del cuadro comparativo. Deja de ser una negociación y pasa a ser una regla.
3. Contrato de arraigo del residente: beca completa a cambio de tres años de permanencia, con vivienda municipal asignada y puntaje preferente en el concurso de planta.
4. Carrera hospitalaria por concurso y protocolo de violencia laboral con oficina independiente de la dirección médica.
5. Tomógrafo y resonador propios, 24 horas, por comodato: el proveedor instala el equipo sin costo inicial y cobra por estudio realizado; al vencer el contrato el equipo queda en patrimonio del hospital.
6. Unidad de Recupero de Costos. El hospital atiende afiliados de obras sociales, prepagas, PAMI y ART, y factura mal. Una unidad con sistema, auditores y gestión de cobro es, sin una sola obra, la fuente de recursos más grande y más rápida que tiene.
7. Convenios de referencia regional con Laprida, Bolívar, Tapalqué, Daireaux y General Lamadrid: el Cura recibe su complejidad y les factura el módulo. Es lo que le da volumen para sostener especialistas que un solo distrito no puede pagar.
8. Fideicomiso de Infraestructura Sanitaria con aporte de cementeras, mineras y del campo, con auditoría externa y patrimonio separado del Municipio, para ampliar camas críticas y, más adelante, el centro oncológico regional.
9. Tablero público de salud actualizado todos los meses: días de espera por especialidad, tiempo de guardia por triage, ocupación de camas críticas, infecciones intrahospitalarias, eventos adversos y rotación de personal.

Las tres reglas que no se negocian. El paciente no paga nunca: ni arancel, ni bono, ni copago. No se privatiza ningún servicio asistencial: el privado pone capital o equipos, la decisión clínica es pública. Todo contrato se publica el mismo día que se firma.

Cómo se mide: rotación anual del plantel profesional (meta: menos del 8%). Días de espera para cirugía programada (menos de 30 al año cuatro) y para turno de especialista (menos de 15). Tiempo de guardia dentro del estándar de triage en el 90% de los casos.
El orden no es negociable: primero la gente, después el equipamiento, después el ladrillo. Un angiógrafo sin hemodinamistas es un monumento caro.

Achicar el Estado no significa que el vecino tenga menos. Significa sacar la grasa de arriba y ponerla donde el vecino la toca todos los días: el pozo, la luz de la esquina, el zanjeo, la delegación de su localidad. Hoy la localidad depende de que el intendente se acuerde, y el barrio depende de a quién conozca.

1. Presupuesto propio por localidad, con porcentaje fijo establecido por ordenanza. Deja de ser una gauchada del intendente y pasa a ser un derecho.
2. Delegados elegidos por los vecinos de cada localidad, no designados desde el centro.
3. Cuadrilla y maquinaria propia en cada delegación, y centros de gestión barrial para hacer los trámites sin cruzar la ciudad.
4. Cuadrillas municipales propias para bacheo, alumbrado, zanjeo y desagües, con compromiso de respuesta de 72 horas y tablero público de obras con foto de antes y después.
5. Alumbrado LED barrio por barrio, empezando por los que más reclaman. Cada barrio iluminado es una comisaría que no hace falta.
6. Agenda fija y publicada de médico, odontólogo y enfermería en cada localidad, articulada con la propuesta 15.
7. Un reclamo, un número, un plazo: sistema único de reclamos con seguimiento en línea, para que el vecino sepa en qué estado está el suyo sin tener que llamar a nadie.

Cómo se mide: presupuesto ejecutado por localidad contra el asignado. Luminarias por barrio. Tiempo de resolución de reclamos. Kilómetros de calle mantenidos por delegación.
Con qué se paga: con la reasignación de la propuesta 8 y con cuadrillas propias en lugar de contrataciones. Una cuadrilla municipal con maquinaria propia cuesta menos por metro que tercerizar cada bache.

Hay familias en Olavarría que no pueden pagar internet. Los chicos hacen la tarea con los datos del celular de la madre y, cuando se acaban, se acabó. Buscar trabajo hoy también es entrar a una página, cargar un currículum y hacer una videollamada. Sin conexión no hay estudio ni trabajo.

1. Wi-Fi libre y gratuito en todas las plazas y parques de la ciudad y de las localidades, con registro de ingreso simple y filtro de contenido para menores.
2. Fibra donde ya llega la fibra, porque es más barato y más rápido. En Sierras Bayas, Hinojo, Colonia Hinojo, Loma Negra, Sierra Chica, Espigas, Blanca Grande y el resto de las localidades sin fibra, internet satelital, que se instala en una tarde.
3. Financiamiento por patrocinio: sin costo de instalación y con el abono cubierto por el auspiciante, que aparece en la pantalla de bienvenida de la red y en la cartelería de la plaza.
4. Prioridad para las plazas de los barrios con menos conectividad, no para las del centro. El orden de instalación se publica antes de empezar.
5. Cada plaza conectada suma iluminación LED y cámara: la misma conexión sirve para las tres cosas y encadena con las propuestas 16 y 18.

El piso, por si el patrocinio no cierra: aun pagándolo íntegramente el Municipio, veinte plazas conectadas cuestan del orden de $45 millones al año: el 0,03% de un presupuesto municipal de $138.287 millones. La promesa se puede cumplir igual. El patrocinio la hace gratis, no posible.
Por qué además es seguridad: una plaza con luz, con gente y con Wi-Fi es una plaza que se usa. Una plaza que se usa deja de ser tierra de nadie.

Antes de comprar una cámara más, hay que hacer funcionar las que ya están puestas. Cuando el propio Municipio revisó el sistema de monitoreo encontró “cámaras fantasma”: aparatos instalados que no estaban conectados ni a la luz ni a los datos. Cámaras que no filmaban nada. Y cuando pasa algo en una plaza o en una esquina de barrio, el vecino tiene que sacar el celular, buscar el número y explicar dónde está. En ese tiempo el que roba ya se fue.

1. Paso cero: reparar el 100% del circuito de cámaras existente antes de instalar una sola cámara nueva, con auditoría técnica cámara por cámara y publicación del resultado. No hay nada más barato que hacer funcionar lo que ya se pagó.
2. Tótems de seguridad en plazas, parques y en las esquinas que los datos del 911 señalan: columna resistente a los golpes con botón de pánico que llama directo al 911 y al Centro de Monitoreo, cámara con audio, parlante y micrófono para que el operador hable, sirena, baliza y luz LED potente activables a distancia.
3. Costo cero para el Municipio: cada tótem integra una pantalla LED publicitaria y el operador de esas pantallas instala, conecta y mantiene todo el sistema, cobrándose con la explotación de esos espacios. Para dimensionar lo que se ahorra: Bahía Blanca adjudicó en marzo de 2026 sus primeros diez tótems por $104 millones, unos $10,4 millones cada uno.
4. Centro de Monitoreo 24 horas con protocolo de respuesta medido en minutos, lectura de patentes en los accesos y estadística delictiva pública por barrio, todos los meses.
5. Se dice con todas las letras: la policía es provincial. El Municipio ejecuta al máximo lo suyo y reclama lo ajeno todas las semanas, en público.

Cómo se blinda para que nadie pueda sospechar. Ordenanza de mobiliario urbano publicitario antes de firmar nada: dónde se puede, qué tamaño y qué se puede publicitar, sin ninguna pantalla en cruces semaforizados. Licitación pública abierta, nunca adjudicación directa. Espacios reservados sin costo para campañas del Municipio y de instituciones locales. Mapa público de cada tótem y cada cámara, con fecha de instalación y confirmación de que está conectada: si no funciona, no cuenta.

Cómo se mide: porcentaje de cámaras operativas sobre instaladas (meta: 100%). Tótems instalados y verificados. Tiempo de respuesta del Centro de Monitoreo. Estadística delictiva por barrio, publicada mensualmente.

Es configuración, no es obra. Cuesta casi nada y ningún intendente lo hizo. Cruzar Olavarría de punta a punta es frenar en cada esquina. Los semáforos están y funcionan, pero cada uno va por su cuenta: más tiempo arriba del auto, más consumo de nafta, más bocinazos y más choques en las esquinas, que es donde se producen. La onda verde es sincronizar los semáforos de una avenida para que, si vas a la velocidad permitida, llegues a todas las esquinas con luz verde.

1. Mes 1 — Relevamiento de todos los semáforos: cuáles tienen controlador programable y cuáles hay que reemplazar. Medición de tiempos reales de recorrido en los corredores principales.
2. Mes 2 — Programación de la onda verde en las avenidas de mayor tránsito, con velocidad de referencia señalizada en cartelería.
3. Mes 3 — Ajuste fino por franja horaria: no es lo mismo la mañana que la salida de los colegios o el domingo.
4. Mes 4 — Central única de semáforos y reemplazo por etapas de los controladores viejos que no permiten sincronizar.
5. Permanente — Publicación del tiempo de recorrido medido en cada corredor, antes y después. Es la única forma de demostrar que se hizo.

Lo que cuesta: la programación es trabajo técnico municipal, prácticamente sin costo. Solo se gasta en reemplazar los controladores obsoletos, uno por uno y por etapas.
El punto político: esto no requiere endeudarse, ni licitar una obra, ni esperar a la Provincia. Es ordenar lo que ya tenemos. Que no esté hecho después de tantos años no es un problema de plata: es un problema de no haberse ocupado.

Es una barrera física que parte la ciudad y un riesgo cuando hay una urgencia del otro lado. Las formaciones de carga cruzan Olavarría y cada paso deja a un lado y al otro filas de autos esperando. Ambulancias, bomberos y patrulleros incluidos.

1. Paso bajo nivel en Avenida Del Valle, el cruce de mayor tránsito, para que autos y camiones pasen por debajo de las vías sin detenerse nunca más. Y detrás de ese, el orden de prioridad del resto de los cruces según cuánto tránsito corta cada uno.
2. Lo financia el sistema ferroviario de cargas, que es el que genera el corte y el que gana plata pasando por el medio de la ciudad.
3. Las empresas usuarias del ramal —cementeras y mineras que embarcan por esas vías— aportan al fideicomiso de la obra. Son las que más volumen mueven por ahí.
4. El Municipio no pone dinero: pone el proyecto ejecutivo, los permisos, la expropiación si hiciera falta y la gestión ante Nación. Esa es la función del intendente.
5. Mientras tanto, lo que sí se puede hoy: señalización, mejoras de seguridad en los cruces y un protocolo con la concesionaria para que las maniobras de armado de formación no se hagan en horario pico.

La ventana se abre ahora y es corta. El pliego del nuevo esquema ferroviario se escribe en este momento. Ahí es donde Olavarría tiene que entrar: las obras de separación de niveles en los cruces urbanos se exigen como condición del contrato, igual que se exige mantenimiento de vías. El primer paso no cuesta nada y es presentar ante la Secretaría de Transporte de la Nación, antes de que se cierre el pliego, la solicitud formal de inclusión de los cruces urbanos de Olavarría, con proyecto técnico y conteo de tránsito hecho. Si el pliego sale sin eso, perdimos la oportunidad por los próximos treinta años.

Cómo se mide: expediente presentado en Nación, con fecha. Inclusión de los cruces urbanos en el pliego (sí/no). Minutos de corte por día medidos en Avenida Del Valle, antes y después.